Trabajadores en salud dan plazo de siete días para abrogar Reglamento de la Ley de Emergencia

Los tiempos Politica
El dirigente del Sindicato de Médicos y Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, informó este miércoles que el sector decidió dar un plazo de siete días al Gobierno para que abrogue el Reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque, según los galenos, vulnera la Constitución, el derecho a la protesta y los principios democráticos. El dirigente explicó que con el Reglamento “cualquier profesional en salud puede ser detenido y procesado sólo por pedir más equipamiento o medicinas”.


El dirigente del Sindicato de Médicos y Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, informó este miércoles que el sector decidió dar un plazo de siete días al Gobierno para que abrogue el Reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque, según los galenos, vulnera la Constitución, el derecho a la protesta y los principios democráticos.



El dirigente explicó que con el Reglamento “cualquier profesional en salud puede ser detenido y procesado sólo por pedir más equipamiento o medicinas”.



Aseveró que la Ley de Emergencia ya fue observada por los médicos hace varios meses, pero el Gobierno no escuchó sus críticas y, al contrario, “sorpresivamente” aprobó el decreto reglamentario, sin convocar a los médicos para consensuar su contenido.



El Reglamento y la Ley establecen que está prohibido la paralización de los servicios de salud durante la pandemia, abriendo la puerta a procesos penales y administrativos para los sectores que incumplan esa proscripción.



Romero aseveró que este reglamento “amedrenta a los profesionales en salud” porque “hoy podemos ser calificados como delincuentes sólo por decir que falta algo”.



“Están acallando la vos del sector salud, que es la vos de ustedes, de los bolivianos que no pueden ser atendidos en los hospitales”, dijo.



Por ello, el Gobierno “tiene siete días de plazo, de no ser así junto a otras organizaciones iremos a una movilización a las calles, a una medida dura a defender el derecho a vivir libres en un país democrático”.