Fiscalía cerró caso fraude electoral con informe parcial y por encargo

Los tiempos Politica
Luego de las declaraciones y detalles dados por Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia sobre el proceso electoral de 2019 que la Fiscalía usó para cerrar el caso fraude, se pueden anotar al menos cinco claras diferencias con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas permiten concluir que el estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.


Luego de las declaraciones y detalles dados por Juan Manuel Corchado, responsable de la pericia sobre el proceso electoral de 2019 que la Fiscalía usó para cerrar el caso fraude, se pueden anotar al menos cinco claras diferencias con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas permiten concluir que el estudio del equipo español es incompleto, dirigido y sus hallazgos generan más dudas que certezas.



“Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”, dijo Corchado al ser consultado sobre su opinión del informe de la OEA, que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones en 2019.



Primera



El estudio Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), dirigido por Corchado, es parcial porque se limita a un análisis informático. Mientras el de la OEA es completo porque revisa, además de la parte informática, las actas, la cadena de custodia, el conteo y otros elementos.



Corchado aclaró, en entrevista a medios bolivianos, que una presunta manipulación de actas o falsificación no ha sido objeto de su trabajo y que ese tema de las actas quedó fuera de la pericia y que tampoco se le solicitó hacerla.



La auditoría de la OEA determinó que en el proceso electoral de 2019 hubo alteración de actas electorales y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. El organismo evaluó 4 mil de las 34 mil actas de esos comicios y encontró “adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones” que alcanzaron a 87 centros de votación.



Corchado manifestó que también su estudio no se metió en que si hubo “un patrón de manipulación”, puesto que no hace juicios políticos, sino técnicos.



Segunda



El informe encargado por la Fiscalía es el primero que realiza este equipo de la Universidad de Salamanca, a diferencia del equipo de la OEA que recorre varios países para hacer similar trabajo en distintos procesos electorales.



El responsable del grupo de investigación español admitió que es la primera vez que realizaron un análisis electoral como el solicitado por la Fiscalía del Estado.



“Hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, dijo.



Tercera



El informe de los expertos españoles está elaborado por tres personas, mientras que en el de la OEA participaron 36 expertos en diferentes disciplinas.



El documento del equipo español está firmado por Pablo Plaza Martínez, Manuel López Pérez y Juan Manuel Corchado Rodríguez, dos de los firmantes figuran como estudiantes y uno es catedrático.



Cuarta



El informe de la Universidad de Salamanca fue elaborado a distancia y con el material que la Fiscalía proporcionó al equipo. El de la OEA fue en Bolivia y los insumos analizados fueron requeridos por los propios técnicos del organismo electoral.



El estudio del equipo técnico-científico de ciberseguridad de la Universidad de Salamanca se circunscribe específicamente al ámbito informático y se realizó sobre la base de documentos proporcionados por el Ministerio Público, según se deja constancia en el informe pericial conocido esta semana.



Quinta



La pericia realizada por el equipo de Corchado fue elaborada por encargo de la Fiscalía de Bolivia y pagada con dinero del TGN. La auditoría de la OEA fue un requerimiento del Estado boliviano y financiado con una donación de España y es vinculante.



 



CC pedirá más datos a la universidad española



Los diputados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron a la Universidad de Salamanca, España, el estudio completo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, sobre las elecciones anuladas de octubre de 2019.



A través de una misiva, dirigida al rector de esa casa de estudios superiores, Ricardo Rivera Ortega, los legisladores María Salazar y José Ormachea le piden que pueda remitir el contrato que suscribieron entre el Estado de Bolivia y la Universidad de Salamanca.



Además, se solicita remitir las credenciales y experiencia de los investigadores que se encargaron de realizar el trabajo, la metodología del estudio realizado, el detalle de pagos efectuados por el Estado, entre otros aspectos.



El pasado 27 de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la pericia sobre los resultados de los comicios de 2019, que estableció que no hubo manipulación de datos, derivó en el sobreseimiento de las autoridades electorales.



El informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite está firmado. La oposición cuestionó el estudio, mientras que el líder de CC, Carlos Mesa, lo consideró como “extemporáneo” y no “creíble”.



Los integrantes



El cuestionado informe fue elaborado por Juan Manuel Corchado, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland; Manuel López Pérez, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación Bisite e investigador de la Universidad de Salamanca, y Pablo Plaza, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación y también investigador de la universidad.



 



Hallaron más errores que la OEA



El informe del grupo de Salamanca concluye que no hubo manipulación del sistema informático y tampoco se direccionó para cambiar el voto para favorecer a un candidato en específico. Juan Manuel Corchado reveló que hallaron más irregularidades que la OEA.



“Hemos identificado más irregularidades de las que aparecen en el informe de la OEA, pero (..) yo te puedo garantizar que no hemos identificado (...) nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados”.